La organización EQUIS - Justicia para las Mujeres presenta el documento "Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes", en donde expone la situación que viven las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas desde un enfoque interseccional, es decir haciendo un análisis de diversas discriminaciones derivadas de alguna condición de discapacidad, orientación sexual, nacionalidad u origen étnico. Además, se realizan recomendaciones respecto al marco normativo y las políticas dirigidas a esta población.
El encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud en el fuero común ha aumentado en un 103 por ciento durante los últimos dos años. En el fuero federal, los delitos de drogas son la primera causa de privación de la libertad de mujeres.
De acuerdo a esta investigación, existe un subregistro de los grupos vulnerables en reclusión, lo que exige se adopte un enfoque interseccional en la recolección de datos y la planeación de política penitenciaria. De acuerdo a solicitudes de acceso a la información sobre mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, hay solo 18 mujeres indígenas en prisiones federales y 61 mujeres indígenas en prisiones estatales. Respecto a mujeres extranjeras, la autoridad federal y las estatales señalan que hay 68 mujeres en reclusión provenientes principalmente de Estados Unidos de América y Colombia. Las respuestas de las autoridades penitenciarias sobre mujeres con discapacidad y de la comunidad LGBTI demostraron un desconocimiento de las necesidades de estas poblaciones y sus obligaciones respecto a ellas.
En entrevistas realizadas por el equipo de investigación se ha documentado que las mujeres muchas veces son víctimas de tortura en el momento de su detención, encontrando como factor común la tortura sexual. Entre los métodos utilizados las mujeres relataron como fueron asfixiadas con bolsas de plástico, golpeadas, amenazadas física y sexualmente o fueron obligadas a desnudarse ante los agentes del Estado.
Se presenta cómo, aunque la perspectiva de género es un término que se evoca en el modelo del Programa de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, no tiene aplicaciones concretas, lo que resulta preocupante. Derivado de la investigación empírica en los estados que actualmente está funcionando el programa, se observaron serios problemas estructurales en su aplicación."
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