doctrina

Derechos humanos y ejecución penal en el nuevo sistema de justicia de México

En México, la transición del sistema inquisitivo a uno de corte
acusatorio oral posibilitó la reconfiguración de las prácticas de los
operadores jurídicos. Recientemente se llevó a cabo una profunda
reforma normativa en la fase de ejecución encaminada a alinearla los
principios que rigen el enjuiciamiento penal. Si bien es previsible
que en dicha fase se reconfiguren las prácticas de los operadores,
todo apunta a que tendrán que superarse distintas prácticas a partir
del cambio, originadas en esquemas propios de la cultura judicial de
los funcionarios que aplicarán la reforma. El elemento central de la
reforma de justicia de 2008 es tener un sistema que pretende ser más
garantista durante todo el proceso jurídico y posteriormente en la
supervisión de la pena. En el sistema inquisitivo velar por los
derechos humanos de los involucrados en el proceso no era prioridad.
El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley dicta todas
las normas que deben salvaguardar los derechos humanos de las personas
que han sido sentenciadas. En el presente artículo se abordan las
percepciones de los operadores jurídicos en la transición del sistema
de justicia a partir de entrevistas realizadas en el Juzgado de
Primera Instancia en Cuernavaca, Morelos en el 2014. Pero, así como el
nuevo sistema tiene bondades que tocan tanto al imputado como a la
víctima, nos preguntamos de qué manera la cultura judicial de los
funcionarios que aplicarán la reforma en materia de ejecución podría
interferir en la protección de los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad y sus familias

Descargar archivo 1 : doctrina45508.pdf
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