Seguridad ciudadana y derechos fundamentales: luces y sombras de la ley orgánica 4-2015 (España)

La  seguridad  ciudadana  es  una  de  las  cuestiones  que el  Estado ha  tenido  que garantizar y fomentar a lo largo de la historia, sirviéndose para ello de distintos medios y  potestades.  La concepción  de  esta  materia  ha  variado  desde  los  inicios  del Estado moderno, lo que ha implicado una diferente regulación, dependiendo de la época de que se trate. El presente trabajo tiene como finalidad  el examen de la seguridad ciudadana, tanto en su vertiente conceptual como normativa, haciendo un recorrido a lo largo de las normas surgidas  al  respecto,  ya  sean  previas  a  la  presente Constitución,  ya  se  hayan dictado al amparo de la misma.No  cabe duda  de  que  la  Ley  Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo,  de Protección  de  la Seguridad Ciudadana (en adelante, LOPSC), la más reciente, ha servido como principal fuente de inspiración a la hora de seleccionar el tema a tratar.La  LOPSC  fue  aprobada  el  pasado  año 2015,  con  el  único  apoyo  del  partido mayoritario en la X.

Legislatura, el Partido Popular, tras una tramitación parlamentaria que  contó  con  la  oposición  del  resto  de  partidos  políticos.
La  oposición  no  fue únicamente  parlamentaria,  sino  que  la sociedad  se  organizó  y  convocó  multitud  de protestas de distinto tipo: plataformas, recogidas de firmas, manifestaciones, actividades simbólicas,  etc.  La  LOPSC  se  conoce,  desde  el  inicio  de  su tramitación  parlamentaria, como “Ley Mordaza”.El  ambiente político-social  que  la  tramitación  de  esta  norma  generó  se debe principalmente al endurecimiento de las medidas que la LOPSC contempla, así como la tipificación  de  conductas  que  pueden llegar  a  implicar  la  restricción  de derechos fundamentales básicos   en   un   Estado   democrático,   tales   como   el   de reunión   y manifestación o el de libertad de expresión e información.
No debemos olvidar que 2015 fue un año marcado por la larga crisis económica que España  padece  desde  el  año  2008,  crisis  que  ha implicado  un  aumento  disparatado  del desempleo y de la precariedad laboral, una constante reducción del presupuesto público que se ha manifestado en la merma de la calidad e incluso de la propia existencia de los servicios  públicos  característicos  del denominado  Estado  del  Bienestar,  así  como  los omnipresentes casos  de  corrupción  que  día  sí  y  día  también  estallan  en las distintas regiones de la península .

En  este  contexto,  las  protestas  y  manifestaciones  ciudadanas eran  constantes,  y  la tramitación de una norma que establece un régimen sancionador exhaustivo en relación a  los  derechos fundamentales  previamente  aludidos  se  entendió  como  una  medida del Gobierno  de  la  Nación,  en  simbiosis  con  las  Cortes  Generales, que  únicamente pretendía la represión y la disuasión a la hora de ejercitar tales derechos.
Asimismo, se aprovechó  la  tramitación  parlamentaria  de  la  LOPSC para  la  legalización  de  las conocidas  como  “devoluciones  en caliente”  o  rechazos  en  frontera,  una  práctica altamente cuestionada por los principales organismos internacionales, pero también por la sociedad española.
Si bien la LOPSC siguió su tramitación parlamentaria y se aprobó, tras la entrada en vigor,  las  protestas  frente  a  la  misma  siguen siendo  constantes.  Además,  los  partidos políticos  se comprometieron  a  su  derogación  o,  cuanto  menos, a su modificación, cuando  una  nueva configuración parlamentaria  lo permitiera.  También  se  interpuso  un recurso  de inconstitucionalidad  del  que  fueron  participes  los  principales partidos  de  la oposición  y  que  cuestiona  la  adecuación  de  la LOPSC a  la  Constitución  con  base  en cuatro grandes defectos de inconstitucionalidad. Por  lo  tanto, el  objetivo  principal de  este trabajo  es examinar  la  LOPSC  e  intentar arrojar  algo  de  luz sobre  la  pertinencia  o  no  de  su  aprobación  y  de  su contenido,  así como su adecuación o no a la Constitución.

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