doctrina

Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación

06 de Marzo, 2017.

El jueves 2 de marzo, poco antes de las siete de la tarde, se desató
un incendio en la Comisaría 1ª de la Policía Bonaerense en la Cuidad
de Pergamino. En la celda colectiva donde ninguna persona debería
haber estado detenida, porque es esa una función propia de la agencia
penitenciaria, convivían hacinadas diecinueve personas, todas ellas
detenidas cautelarmente. Siete de ellas murieron.

Corresponderá a la justicia ordinaria, y al esfuerzo de los organismos
y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la Provincia de
Buenos Aires indagar las causas y circunstancias en que se produjo el
incendio, y las responsabilidades a título personal que en su caso les
correspondan a los funcionarios implicados. La utilización apresurada
en medios de comunicación de términos como motín, incidentes o pelea
diluye el rol de las agencias estatales en él, y pone el foco en
investigar y juzgar a las verdaderas víctimas de la tragedia: los
detenidos y sus familiares.

Por lo pronto, corresponde dejar asentada una vez más la
responsabilidad estatal ante la muerte de cada persona que decide
privar de su libertad, por delitos leves o graves, procesados o
condenados. Durante el año 2016, por caso, se han registrado tres
muertes por incendio en cárceles federales, dos de ellas en el CPF I
de Ezeiza y la restante en el CPF III de Gral. Güemes. Con esa
perspectiva, la Procuración Penitenciaria de la Nación inicia una
investigación independiente ante cada caso de muerte de una persona
detenida bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

La experiencia institucional acumulada permite reconocer que son
prácticas estructurales y arraigadas, pero también judiciales, las que
provocan como efecto de conjunto los fallecimientos en prisión. En
nuestros sucesivos Informes Anuales  hemos denunciado sobre el impacto
en la producción de muertes de la persistencia de la violencia como
estrategia de gestión de la prisión; la inasistencia a la salud física
y mental; la ausencia de vías legítimas y eficaces para canalizar
pedidos y reclamos, provocando la proliferación de medidas de fuerza
extremas; la inexistente política integral frente a incendios; y la
falta de control, guarda y custodia reforzada ante ciertos colectivos
especialmente vulnerados. También hemos alertado sobre el impacto en
las muertes bajo custodia que provoca la falta de control
jurisdiccional de las detenciones –en materia de alojamientos,
traslados y calidad de la asistencia médica, entre otros-, la ausente
política de morigeración de encierros, el uso exacerbado de la prisión
preventiva, y la deficiencia de las investigaciones judiciales
iniciadas ante muertes bajo custodia.

Mención aparte merece el sometimiento de detenidos a situaciones de
hacinamiento en establecimientos sobrepoblados por encima de su cupo
permitido. La Procuración Penitenciaria viene alertando año tras año
el incremento de la cantidad de personas detenidas en las cárceles
federales argentinas, sobrepasando su capacidad de alojamiento
declarada. Como propuesta para revertir esa problemática, de crucial
importancia, ha presentado el proyecto de Ley para la Acreditación
Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y
Control de la Superpoblación.

Descargar archivo 1 : doctrina45034.pdf
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