Frente al fenómeno de la criminalidad organizada, el sistema de imputación penal para las personas jurídicas se enfrenta con la necesidad de 
adecuar las construcciones teóricas a fin de brindar respuesta a los desafíos que emergen del alto grado de complejidad y volatilidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas. en las legislaciones modernas se han ensayado diversas soluciones, tales como el sistema vicarial “del actuar por otro” o “en lugar de otro”, que permite transferir a la persona jurídica la responsabilidad o culpabilidad de su representante; el reconocimiento de un doble sistema de imputación, entre otros. Creemos que debe avanzarse hacia un sistema específico de imputación para las personas jurídicas que atendiendo a sus particularidades coexista con el sistema propio para las personas físicas.